La LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos) , en vigor desde 1.999, impone una serie de obligaciones legales a todas las empresas (incluidas las personas físicas o jurídicas) que posean ficheros de carácter personal. Esta normativa afecta a la práctica totalidad de las empresas, ya que la gran mayoría de ellas guarda datos de sus clientes, proveedores, empleados, .

 Existen 3 niveles de seguridad, en función de los datos almacenados: Básico (nombre, teléfono, etc.), Medio (datos financieros, Hacienda, etc) y Alto (ideología, religión, salud, etc.). Según el nivel, hay que poner en marcha diferentes medidas, destinadas a garantizar la protección de los datos, y que afectan a los sistemas informáticos, soportes de almacenamiento, etc.

Muy pocas empresas, por desconocimiento, cumplen con sus obligaciones (inscripción de los ficheros en el Registro General de Protección de Datos, redacción de documentos de seguridad, etc.) pero hay que recordar que el desconocimiento de la ley no exime de ella. El incumplimiento conlleva a las empresas multas de hasta más de 600.000 €, y la Agencia de Protección de Datos se autofinancia de estas sanciones.